Los debates en torno al alcance de la acción estatal y en menor medida de la acción empresaria en materia de servicios públicos, cobraron gran relevancia en América Latina a partir de mediados de los setenta, principios de los ochenta, en el marco de la crisis de los denominados Estados de Bienestar. En un contexto internacional de crítica y reversión de las ideas keynesianas y de ataque global al capitalismo de posguerra, el rol del Estado en la provisión de servicios considerados básicos para el bienestar de la población fue severamente cuestionado. Se sucedieron así un conjunto de políticas tendientes a reformar el modelo de Estado de bienestar. Uno de los ejes principales de estas reformas fueron los procesos de privatización que se desarrollaron con distintas modalidades y en distintos sectores en países como Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela, entre otros. Esta política implicó el desmantelamiento del Estado empresario y como contrapartida, la responsabilidad de la prestación de gran parte de los servicios públicos por un conjunto de empresas privadas. Entrado el siglo XXI, con el cambio de signo político en los gobiernos de la región y una fuerte expansión de las clases medias, los problemas de calidad, cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios, cobraron mayor relevancia sucediéndose protestas en distintos países. Los casos de Argentina con los ferrocarriles y Brasil con el aumento de los transportes públicos resultan elocuentes de las revitalizadas demandas ciudadanas. En este contexto algunos países como Argentina, Bolivia o Venezuela, avanzaron en la reversión de algunas de las privatizaciones de la década anterior. Este proceso de avance del control estatal sobre algunas actividades no fue generalizado y por ejemplo en Argentina, se mantuvieron gran parte de las concesiones existentes, situación que puso en evidencia las complejas relaciones entre los actores intervinientes en la prestación de los servicios.